Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentan ahora hasta 20 años de cárcel en el juicio de fondo por el colapso de la discoteca Jet Set. Esto después de que el juez de la Cuarta Sala Penal, Franny González Castillo, ordenara la variación de la calificación jurídica de los hechos y readecuara los delitos. Pasan de “homicidio involuntario” a “homicidio por dolo eventual” (abarca homicidio y lesiones voluntarias).
Cambia de manera sustancial la situación legal de los imputados, pues de una sanción previa que oscilaba entre tres meses y dos años de prisión, enfrentan una calificación que implicaría de tres a 20 años.
El magistrado varió la calificación, pese a considerar la investigación del Ministerio Público como una acusación “casi perfecta” debido a la abundancia de sus evidencias. El órgano pretendía calificación de homicidio involuntario.
Ante esta situación declaró, además, su incompetencia material para continuar en el caso, dado que la pena aplicable tras la recalificación excede el límite de los 10 años. Asimismo, informó que el expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a fin de que, mediante sorteo aleatorio, apodere a uno de los tribunales colegiados donde el proceso empezar desde cero.
Motivaciones para el fallo
TemasRelacionados
El juez González Castillo fundamentó su decisión en la valoración de los informes periciales y testimoniales desahogados hasta la fecha, los cuales, según indicó, evidencian que los imputados Antonio y Maribel Espaillat tenían conocimiento pleno y documentado sobre el peligro real e inminente de la estructura antes del trágico suceso.
Sin embargo, decidieron mantener el local abierto y permitir la entrada de clientes, con lo que antepusieron la continuidad del negocio a la protección de la vida de las personas.
Diferenció la culpabilidad consciente (donde el autor prevé el peligro pero confía de forma errónea en evitarlo) del dolo eventual, apoyándose en doctrinas y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia.
Explicó que el dolo eventual “no exige la intención deliberada o el deseo explícito” de matar a alguien (dolo directo), sino la representación clara del riesgo y la posterior aceptación de su eventual desenlace fatal.
Al respecto, destacó:
“No estamos ante un simple accidente imprevisible ni ante una falta menor de mantenimiento. Los imputados recibieron advertencias serias sobre la falla del techo y, aún conociendo el riesgo, decidieron no suspender las operaciones”.
Perfección de la acusación
El juez hizo una valoración personal de la acusación fiscal expresando que no haber visto “una acusación casi perfecta como la de este caso.
Lo único que le faltó para la perfección fue la calificación jurídica, que es la que le está dando este tribunal, para que sea perfecta”…
A seguidas citó al magistrado emérito de la Suprema Corte Edgard Hernández Mejía, señalando que: “el estudioso de las técnicas procesales debe ser cuidadoso en la calificación de los hechos, es decir, en la labor de ponerle etiqueta a las infracciones…”
Mencionó también al jurista Julio Cury en relación con que la teoría del delito implica analizar si lo actuado es antijurídico, donde cada acusación debe describir la conducta y encajarla en el tipo penal que se pretende demostrar en el juicio fuera de toda duda razonable.
Doctrina penal y dogmática
El magistrado González Castillo fundamentó su argumentación en la dogmática jurídica y la doctrina penal moderna y clásica sobre dolo eventual.
Refirió de forma particular a la definición del jurista Francisco Muñoz Conde, quien señala que el dolo eventual se configura cuando el autor se representa el resultado como probable y, aunque no quiera producirlo, continúa actuando y acepta el riesgo.
Mientras para las defensas y familiares de las víctimas la decisión es un triunfo que les da fuerzas y valor para seguir luchando, el Ministerio Público reafirmó su postura, y la defensa técnica de los imputados guardó silencio.
Hito hacia condena ejemplar
El abogado Plinio Pina calificó la resolución del juez González Castillo como “un hito trascendental y un precedente fundamental en el avance de la causa hacia una condena ejemplar” contra los hermanos Espaillat.
Indicó que fueron los primeros en denunciar lo que se estaba cometiendo un error, que la posición del Ministerio Público era benigna, y que el juez de la Instrucción se había extralimitado, se había equivocado al mantener la calificación jurídica de homicidio involuntario.
Manifestó satisfacción con la nueva decisión, destacando que aunque no representa la conclusión definitiva del proceso, “sí constituye el principio del fin”.
Entendemos que la decisión que se ha dictado hoy, justamente, viene a establecer que ciertamente la prueba que se ha presentado y las que faltan por presentarse permiten hablar de un homicidio, no de un homicidio involuntario”, subrayó.
“La decisión del juez fue muy correcta y estamos muy satisfechos porque entendíamos que es la ruta que debía tomar el caso”, dijo Simón Bolívar Soto Mejía, padre del fallecido Simón Soto.
“Es una sentencia muy bien sustentada conforme a la doctrina, muy bien motivada. Así es que estamos satisfechos porque sabíamos que esa era la ruta que debían de tomar las penalidades que deben recibir los asesinos de las víctimas”, expresaron otros.
MP: probaremos los hechos
Fue la advertencia que hizo el director de Persecución de la procuraduría general, Wilson Camacho, a la salida del tribunal.
“Respetamos la decisión y probaremos los hechos en el juicio”, fueron las palabras exactas del representante del MP al ser cuestionado por los periodistas sobre el fallo del juez.
Reconoció que ponderar y aplicar la calificación jurídica a los hechos es una facultad propia del tribunal y sostuvo que el MP se mantiene “más que listo” para acudir a la etapa de juicio. “Iremos al juicio a probar los hechos que hemos colocado en la acusación con abundante cantidad de pruebas. Esperaremos el sorteo del expediente y la convocatoria del tribunal que sea asignado para iniciar nuestra producción probatoria”.
La tragedia
Fue alrededor de la noche del lunes 8 de abril de 2025 cuando, mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta en el centro de diversión Jet Set, ubicado en la avenida Independencia de la capital, el techo del establecimiento se desplomó provocando la muerte de 236 personas, y dejando con lesiones a más de 180.
Entre los fallecidos además del merenguero Rubby figuran el exbeisbolista de Grandes Ligas Octavio Dotel, Eduardo Grullón y su esposa Jhoanna Rodríguez; Eduardo Guarionex Estrella Cruz y su esposa Alexandra Grullón, Luis Emilio Guillén, Lourdes Bournigal, Felito Music, Martín Polanco y Nelsy Milagros Cruz Martínez, gobernadora de Montecristi.
Imputados
La defensa
Un total de 236 personas fallecieron en la tragedia
Más de 180 resultaron lesionadas con derrumbe de techo
