El sociólogo Juan Miguel Pérez advirtió sobre el impacto de la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades en la conducta de los ciudadanos, al analizar las expresiones de una familiar durante el entierro de un adolescente de 14 años.
Durante su participación en el programa El Día, de Telesistema canal 11, Pérez sostuvo que resulta cada vez más difícil vivir, convivir y expresarse en la República Dominicana debido a un escenario en el que, a su juicio, las emociones y frustraciones de la población están siendo utilizadas como herramientas de manipulación.
“Estamos entrando en un túnel muy oscuro de emociones manipuladas, de tecnologías de gobierno ancladas en apuntar hacia las emociones, hacia las frustraciones de la gente”, afirmó.
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Consideró, sin embargo, que la población dominicana tiene la capacidad de interpretar su realidad y expresarla a través de un conocimiento popular que, en ocasiones, permite comprender con claridad los problemas sociales.
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La pobreza acelera la vida
Al referirse a las declaraciones de la pariente del adolescente fallecido, Pérez explicó que la pobreza modifica la manera en que las personas enfrentan las distintas etapas de la vida.
Afirmó que, aunque el sistema político y jurídico establece diferencias entre niños y adultos de acuerdo con la edad y el nivel de madurez, “esa evolución se madura con carburo cuando se vive en pobreza”.
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Según el sociólogo, en los sectores empobrecidos muchas experiencias de la vida ocurren de manera anticipada debido a las necesidades económicas y sociales.
“Todo empieza más temprano en la pobreza. Todo, desde los embarazos hasta el mundo que te rodea”, señaló.
Pérez agregó que las personas que viven en condiciones de precariedad deben asumir responsabilidades relacionadas con la producción, la supervivencia y la defensa de su dignidad mucho antes que quienes pertenecen a sectores con mejores condiciones económicas.
“Segunda o tercera categoría de dominicanos”
El investigador sostuvo que la dignidad de los residentes de los barrios es constantemente afectada por la marginación y la precariedad material, pero también por lo que calificó como “maltrato cívico”.
A su juicio, esto provoca que parte de la población perciba que es tratada como ciudadanos de segunda o tercera categoría.
En ese contexto, cuestionó además la relación entre sectores vinculados a la delincuencia y miembros de las fuerzas del orden, al considerar que este tipo de situaciones puede profundizar la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones responsables de garantizar la seguridad.
Una indignación que viene de lejos
Pérez también estableció un paralelismo con las décadas de 1970, cuando, según recordó, jóvenes muertos por razones políticas eran sepultados bajo vigilancia policial.
Explicó que, en aquel período, incluso los entierros podían convertirse en escenarios de tensión debido al temor de las autoridades ante las manifestaciones de indignación popular.
Para el sociólogo, existe una indignación social que permanece en los sectores populares y que no siempre aparece reflejada en la historia oficial.
“Esa indignación es la misma que cargan hoy los motoristas por la desigualdad social”, manifestó.
Frustración, violencia y falta de oportunidades
El académico vinculó esa frustración acumulada con parte de la violencia que se registra actualmente en el país.
Pérez sostuvo que una proporción importante de los homicidios ocurre entre ciudadanos dominicanos y consideró que muchos de estos hechos están relacionados con conflictos que surgen sin planificación previa, en medio de situaciones de impotencia y frustración.
A su entender, la precariedad económica y la falta de oportunidades limitan las posibilidades de que amplios sectores puedan mejorar sus condiciones de vida por vías institucionales.
Señaló que muchas personas terminan dependiendo de empleos precarios o de actividades informales para subsistir, sin contar con mecanismos efectivos para reclamar mejores condiciones laborales.
Crítica a la respuesta del Estado
El sociólogo también cuestionó la respuesta estatal frente a la delincuencia y la violencia.
Recordó que la Constitución dominicana establece entre las responsabilidades esenciales del Estado la protección de los derechos de los ciudadanos y la promoción de la justicia social.
Sin embargo, consideró que las respuestas de las autoridades no siempre se enfocan en resolver las causas estructurales de la violencia.
“La solución a esos problemas, a esa delincuencia, no es tampoco por vía de la justicia social, sino de la mano dura”, afirmó.
Para Juan Miguel Pérez, mientras persistan la desigualdad, la precariedad material, la falta de oportunidades y el deterioro de la confianza en las instituciones, la frustración continuará acumulándose en los sectores populares.
