Ante la propuesta del presidente de la República sobre cambiar el término de «empleada doméstica» a «empleada del hogar», la Asociación de Trabajadoras del Hogar considera positiva la medida, pero enfatiza que el verdadero cambio estructural radica en garantizar derechos laborales y humanos fundamentales para el sector.
Elena Pérez, secretaria general de la organización, explicó que prefieren el concepto de «trabajadoras del hogar» porque «quienes se doméstican son los animales y nosotros somos personas, y las personas se educan». Si bien ven con buenos ojos que el mandatario califique el término anterior como despectivo, subrayan que la prioridad no es el cambio de nombre, sino la dignificación mediante la aplicación de garantías laborales.
Demandas clave del sector:
Seguridad social y maternidad: Denuncian que situaciones como el embarazo continúan derivando en despidos automáticos sin protección, además de la falta de acceso al sistema de salud.
Jornada y contratos: Exigen el cumplimiento de una jornada de ocho horas diarias y la obligatoriedad de un contrato por escrito que detalle las condiciones laborales.
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Salario digno: Señalan que el salario mínimo actual no cubre la canasta familiar básica.
Convenio 189 de la OIT: Exigen la aplicación formal de este acuerdo, ratificado por el país en 2015 pero aún sin vigencia efectiva en la práctica.
Sobre el debate de los uniformes
Respecto a la discusión sobre la obligatoriedad o eliminación de los uniformes, Pérez indicó que «la fiebre no está en la sábana». Señaló que las trabajadoras no tienen inconveniente en utilizarlos —comparándolo con otras profesiones como la medicina o la enfermería—, reiterando que lo verdaderamente lesivo es la desigualdad de derechos frente a los demás grupos de trabajadores del país.
