Ayer, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, se les recordó a los gobiernos, como cada 28 de septiembre desde 1990, de la importancia de la legalización de la interrupción del embarazo para reducir las complicaciones por aborto inseguro y clandestino, causa de mortalidad de mujeres en muchos países de la región.
De acuerdo con datos del Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud, OMS, la disparidad en la seguridad de los procedimientos se relaciona directamente con los marcos regulatorios de cada país y en los que persiste una prohibición absoluta como el nuestro, aumenta el indicador hacia mercados clandestinos e insalubres con mayores índices de mortalidad.
Y, penosamente, en estos momentos de verdadera confusión con el colapso de las ideas políticas tradicionales en el mundo occidental, la crisis de representación y la realidad de la resistencia radicalizada de una derecha afincada en volver a prácticas fascistas y contrarias al humanismo como objetivo primero, las narrativas ya no logran canalizar las demandas de las personas, impactando directamente en una crisis de legitimidad y propósito de la democracia.
Sara Fernández Moreno, Académica, Activista Feminista y Profesora Titular Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, Medellín, en su exposición Retrocesos y desafíos en la Salud Sexual y Salud Reproductiva de las mujeres en Mesoamérica y El Caribe, explica ahora cómo Centroamérica y el Caribe concentran 4 de los 10 países con las leyes más punitivas del mundo. Y entre ellos, estamos R. Dominicana.
Fernández Moreno habla de una maternidad temprana altamente concentrada en sectores de pobreza extrema en menores de 15 años por violencia sexual, además, con un retroceso sistémico debido al conservadurismo institucional y la inaplicación de educación sexual, todo agravado por una tendencia a la reducción deliberada de datos e indicadores públicos de salud Opacidad estatal.
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Aquí, además del costo humano y financiero, enfrentamos generaciones futuras con una trayectoria educativa rota sumida en la trampa de pobreza y precariedad laboral, además de la pérdida de autonomía sobre los propios cuerpos de más de la mitad del pueblo.
Pero el panorama legislativo dominicano tomó un giro técnico y estratégico y el debate de décadas estancado en posturas morales y cambia a partir de un colectivo de destacadas abogadas, abogados y legisladores presentando propuestas jurídicas específicas para reformular los artículos 110 y 111 que mantienen la penalización absoluta del aborto en el nuevo Código Penal, alineándolos con los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución dominicana. Esperemos.
