La preocupación por el futuro de la producción nacional de arroz y pollo, dos de los principales alimentos de la canasta familiar dominicana, ha ocupado la atención pública en las últimas semanas, luego de que los arroceros advirtieran sobre los efectos de la apertura comercial prevista en el DR-Cafta, mientras los avicultores denuncian que las importaciones y la sobreoferta mantienen saturado el mercado, con pérdidas para los productores.
El primer foco de preocupación surgió en el sector arrocero, tras las discusiones sobre la eliminación de los aranceles que protegen la producción nacional frente a las importaciones del cereal procedentes de Estados Unidos y otros países miembros del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
Los productores temen que la competencia con el arroz importado afecte la rentabilidad de las cosechas y la estabilidad de una actividad de la que dependen miles de familias.
La controversia se intensificó después de que el Gobierno derogara el Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, una decisión que generó incertidumbre entre los productores.
La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) han reclamado medidas concretas para proteger la producción local, el empleo rural y la seguridad alimentaria. Los representantes del sector sostienen que las medidas anunciadas por las autoridades no despejan todas sus dudas sobre el impacto de la apertura comercial.
El Gobierno anunció un conjunto de iniciativas para fortalecer la competitividad del sector, entre ellas la creación de un fondo especial, financiamiento, mecanización agrícola y mejoras en la infraestructura rural.
TemasRelacionados
Sin embargo, los productores expresaron inconformidad porque, según señalaron, todavía esperan detalles sobre los recursos disponibles y la ejecución de las medidas. La discusión enfrenta el cumplimiento de los compromisos comerciales con Estados Unidos y la necesidad de preservar las condiciones de la producción arrocera dominicana.
Mientras el debate sobre el arroz continúa, los pequeños y medianos avicultores denunciaron esta semana dificultades para comercializar sus pollos debido a la acumulación de aves en las granjas y la entrada de productos importados.
Los productores atribuyen parte de la situación a la falta de planificación de las importaciones y a una oferta superior a la demanda, en momentos en que se aproxima la temporada navideña, tradicionalmente de mayor consumo.
La Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli) y otras organizaciones del sector afirmaron que alrededor de 1.2 millones de aves permanecían en las granjas sin compradores.
Según sus representantes, el pollo vivo se vende entre RD$30 y RD$31 la libra, frente a costos de producción estimados entre RD$41 y RD$42, lo que supone pérdidas de hasta RD$12 por libra.
Los avicultores también señalaron que esa reducción del precio en las granjas no se refleja necesariamente en el costo que paga el consumidor, que puede alcanzar los RD$100 por libra en los comercios.
Ante la situación, los productores solicitaron la intervención del presidente Luis Abinader y de las autoridades agropecuarias para coordinar la producción, revisar el comportamiento de las importaciones y evitar que las pérdidas obliguen a cerrar más granjas.
En respuesta a la sobreoferta, el Ministerio de Agricultura anunció el inicio de un programa de pignoración de ocho millones de libras de pollo, que busca retirar parte del excedente del mercado y conservarlo para atender la demanda de diciembre.
Los dos casos han colocado en el centro de la discusión la relación entre las importaciones, la protección de la producción agropecuaria nacional y los precios de alimentos de consumo frecuente. Mientras los arroceros esperan garantías ante la apertura comercial del DR-Cafta, los avicultores reclaman mecanismos para equilibrar la oferta y la demanda.
Ambas situaciones mantienen la atención sobre las decisiones oficiales que deberán conciliar el abastecimiento del mercado, la estabilidad de los productores y el costo de los alimentos para los hogares dominicanos.
