La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) acudieron a la Procuraduría General de la República para interponer una querella contra el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez.
La bióloga botánica Ángela Guerrero informó que las entidades solicitaron la aplicación de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), legislación que contempla penas de hasta diez años de prisión para quienes destruyan zonas de manglares.
Según explicó Guerrero, la querella pide procesar al funcionario bajo los cargos de coautor, omiso y promotor por la instalación de dos plantas de generación eléctrica a gas natural licuado, con capacidad de 860 megavatios, dentro de un área protegida.
Asimismo, el colectivo demandó que el Estado ejecute el Decreto 615-26, el cual declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental.
Guerrero señaló que, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las autoridades fijaron la ubicación de dicho proyecto en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa.
Esta intervención causó la destrucción de 575 mil metros cuadrados de vegetación costera y manglares, sin que se presentara la licencia ambiental exigida por la ley.
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La especialista indicó que situaciones similares afectan a otras áreas costeras del país. Mencionó las barcazas ubicadas en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre en los manglares de Los Negros de Azua; el envenenamiento del manglar de El Estillero en Samaná por proyectos inmobiliarios; la destrucción de manglares en Bayahíbe para la construcción de casetas de venta; y los daños registrados en Bucanyé, en Cabo Rojo, Pedernales.
Ángela Guerrero enfatizó la importancia de los servicios ambientales que prestan los humedales y manglares para la biodiversidad y los asentamientos humanos en la costa.
Agregó que varios de estos espacios forman parte de sitios Ramsar protegidos por convenios internacionales suscritos por el Estado dominicano, los cuales, según afirmó, están siendo vulnerados por las propias autoridades.
