Alejandra Corao/Latinoamérica21
En Portobelo, una localidad de la costa caribeña de Panamá, las personas adultas suelen advertir a las adolescentes: ¡Cuidado que sales con tu domingo siete! Esta expresión popular, común en varios países de Centroamérica, se utiliza para aludir a un embarazo inesperado. Sin embargo, la advertencia casi nunca va acompañada de una explicación. Todavía lo tienen como un tabú, cuenta Jiseel Muñoz Chavarría, joven lideresa de esa comunidad de la provincia de Colón. Nunca les explican cómo evitar los embarazos no intencionales.
Lo que ocurre en Portobelo refleja una contradicción presente en toda América Latina y el Caribe. A muchas adolescentes se les pide que eviten un embarazo, pero la mayoría de las veces ni ellas ni los adolescentes reciben la información, los anticonceptivos y los servicios de salud sexual y reproductiva que necesitan para hacerlo. Cabe destacar que dos de cada tres embarazos en adolescentes son no intencionales y, en muchos casos, derivan en matrimonios infantiles o en uniones forzadas. No obstante, la región ha registrado avances importantes durante los últimos años, aunque han sido desiguales e insuficientes.
El riesgo no se distribuye por igual
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe ha logrado reducir la fecundidad en adolescentes. Entre las chicas de 15 a 19 años, la tasa pasó de alrededor de 73 nacimientos por cada mil en 2010 a 50 en 2025. Esto supone una disminución cercana al 30%; sin embargo, los países no avanzan al mismo ritmo y los promedios nacionales pueden ocultar desigualdades aún mayores dentro de un mismo país.
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Las chicas que nacen en hogares de bajos ingresos, áreas rurales, o bien son de comunidades indígenas o afrodescendientes suelen enfrentar mayores riesgos de quedar embarazadas antes de los 19 años. Las situaciones de vulnerabilidad que viven condicionan sus posibilidades de acceder a anticonceptivos, educación integral de la sexualidad y servicios de salud de calidad.
Esto se observa con especial claridad en las áreas rurales y costeras de Centroamérica y el Caribe. Allí viven comunidades afrodescendientes, creoles, garífunas, miskitas e indígenas que han sufrido largos procesos de exclusión. Las y los adolescentes de estas poblaciones encuentran mayores obstáculos para recibir una educación integral de la sexualidad y acceder a servicios de salud de calidad, confidenciales y adaptados a sus necesidades. Un ejemplo básico es poder llegar al centro de salud que, en muchos casos, queda alejado de sus comunidades.
También influyen la falta de personal e insumos, los prejuicios, el racismo y la existencia de servicios que no siempre tienen en cuenta las lenguas ni las prácticas culturales de las
comunidades. A estas barreras se suma el tabú que todavía rodea la sexualidad dentro de muchas familias y escuelas.
Los promedios pueden dejar a muchas fuera
La reducción de la tasa regional demuestra que las políticas públicas han dado resultados. A este avance han contribuido la ampliación de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y la incorporación gradual de la educación integral de la sexualidad.
Para ir más allá de los promedios nacionales y atender las necesidades de poblaciones vulnerables, la respuesta también debe tener en cuenta sus circunstancias. Servicios de salud gratuitos, confidenciales, cercanos y libres de racismo y discriminación marcarían una diferencia. Es el caso también de educación integral de la sexualidad dentro y fuera de la escuela, con contenidos adecuados a cada edad y un enfoque territorial e intercultural. Por otra parte, hacen falta mecanismos eficaces de denuncia y acceso a la justicia frente a la violencia sexual.
A su vez, los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas requieren una respuesta específica. El 35% de los embarazos en adolescentes se produce en el contexto de una unión de este tipo, mientras que el 45,4 % de las adolescentes que viven en esas uniones queda embarazada.
Prevenir el embarazo en adolescentes no se limita, por tanto, a facilitar anticonceptivos. También exige que las familias, las escuelas, los servicios de salud y las comunidades creen las condiciones necesarias para prevenirlo.
Cuando nuestras niñas y adolescentes puedan decidir sobre sus cuerpos y planificar su vida reproductiva de manera libre e informada, cuando sea una realidad la prevención de toda forma de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, y cuando puedan tener las oportunidades y herramientas para desarrollar su proyecto de vida, estarán en una mejor posición para decidir escoger el camino que desean recorrer en la vida. Es su derecho hacerlo.
