Santo Domingo.- El partido Frente Amplio condenó las ejecuciones extrajudiciales y consideró que delincuencia es un problema estructural que no se resuelve con abusos policiales ni políticas represivas.
Consideró que ese problema social deben enfrentarse con una transformación profunda de las condiciones sociales, económicas e institucionales que alimentan la inseguridad ciudadana.
María Teresa Cabrera, presidenta de la organización, aseguró que la población dominicana vive momentos de «angustia, temor e indignación por la proliferación de robos, asaltos, homicidios y otros delitos.
Indicó que, sin embargo, sostuvo que ese legítimo reclamo de seguridad no puede utilizarse para justificar la violación de derechos fundamentales ni conceder a los agentes policiales una licencia para ejecutar a personas señaladas como delincuentes, al margen de la Constitución y las leyes.
Dijo que «la delincuencia no surge de manera aislada ni puede explicarse exclusivamente por decisiones individuales, sino como expresión de una sociedad marcada por profundas desigualdades, pobreza, exclusión social, desempleo, precariedad educativa y falta de oportunidades, especialmente para la juventud de los barrios populares».
Consideró que «ignorar esas realidades significa evadir las responsabilidades del Estado y condenar al país a reproducir indefinidamente el mismo ciclo de violencia e inseguridad»
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Asimismo, Cabrera rechazó las campañas dirigidas a desacreditar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su presidente, Manuel María Mercedes y a otras organizaciones que denuncian los abusos policiales.
“Defender la la Constitución y el debido proceso no significa respaldar la delincuencia; significa impedir que el Estado reproduzca la violencia que está llamado a combatir», indicó.
Insistió en que «normalizar las ejecuciones extrajudiciales, además de poner en peligro a ciudadanos inocentes, abre las puertas a la arbitrariedad y a la persecución de dirigentes sociales y comunitarios”.
La organización insistió en que la Policía Nacional debe contar con la formación, los recursos y las condiciones necesarias para proteger a la ciudadanía, pero también estar sometida a controles efectivos, rendición de cuentas y sanciones cuando sus miembros violen la ley.
