La República Dominicana ascendió al Nivel 2 en el más reciente informe sobre trata de personas publicado por la Embajada de Estados Unidos en el país, tras registrar avances clave en el marco normativo, judicial y de protección a víctimas.
El cambio de categoría responde a la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas, que eliminó el requisito de demostrar fuerza, coacción o fraude en casos de menores de edad, alineando la legislación con los estándares internacionales en materia de explotación sexual.
En el plano institucional, el Estado aprobó y financió el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028 y adoptó la Resolución N.º 13-2024 para la emisión de tarjetas de identificación a personas apátridas.
Asimismo, se incorporaron observaciones de la sociedad civil y de sobrevivientes en las reformas legales.
El sistema judicial registró 229 investigaciones por trata y el procesamiento de 50 sospechosos bajo la ley especial. El informe gubernamental también documentó la investigación de ocho funcionarios por presunta complicidad, de los cuales tres enfrentan procesos judiciales, incluyendo a miembros de las fuerzas de seguridad.
El Ministerio de Trabajo ejecutó 1,050 inspecciones en sectores clave como agricultura, construcción e industria azucarera, lo que derivó en la suspensión de 11 empresas privadas por indicios de trabajo forzoso.
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De forma paralela, un programa piloto de registro migratorio formalizó a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales.
En el área de asistencia, las autoridades identificaron a 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron atención integral con fondos estatales, que incluyó servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y refugios especializados gestionados de manera conjunta por la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el CONANI.
